La VerdAgs

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló ayer en la “Mañanera del Pueblo” no ver TV Azteca e incluso invitó a la ciudadanía a no consumir sus contenidos por la poca ética y el escaso profesionalismo periodístico que, señaló, caracteriza a varios de sus espacios informativos. También ironizó con entregar un premio al “mitómano de la semana”, en referencia a las constantes mentiras y manipulación mediática.

Y razones no faltan. Basta recordar uno de los episodios más vergonzosos de la televisión mexicana: el montaje del “Chupacabras”.

Entre 1995 y 1996, conductores como Javier Alatorre y Jorge Garralda convirtieron rumores y especulaciones en espectáculo nacional, mientras México enfrentaba asesinatos políticos, crisis económica, devaluaciones y el conflicto zapatista. Todo acompañado por una línea mediática alineada con gobernación y el poder político de la época, durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

Mapas absurdos, testimonios sin pruebas y teorías conspirativas fueron utilizados para distraer a la población del desastre político y económico que atravesaba el país. El miedo daba rating, y la manipulación servía como herramienta de control mediático.

Décadas después, TV Azteca sigue arrastrando la misma fórmula: desinformación, espectáculo y campañas mediáticas disfrazadas de periodismo.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue citada a comparecer ante la FGR luego de ser notificada por agentes federales a su salida del Palacio de Gobierno.

La investigación estaría relacionada con la presunta intromisión de agentes de la CIA en territorio chihuahuense, un tema que ya escaló a nivel federal y que pone en entredicho la soberanía nacional y el actuar del gobierno estatal.

A pesar de que desde su entorno político se ha insistido en la existencia de fuero constitucional, dicho mecanismo no impide que la mandataria tenga que presentarse a declarar ante autoridades federales cuando existe una investigación en curso.

Fuentes cercanas al caso señalan que las indagatorias podrían derivar en acusaciones graves, incluyendo posibles delitos contra la soberanía nacional y presunta traición a la patria, en caso de acreditarse colaboración o permisividad con agentes extranjeros dentro del estado.

El escándalo apenas comienza.