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Una observación del Comité de la ONU Contra la Desaparición Forzada llegó a algunas oficinas de gobierno. El asunto no es menor:

Señala que las autoridades estatales de procuración de justicia también son responsables, por aquiescencia, en el caso de un jornalero agrícola desaparecido en la costa de Hermosillo años atrás.

Igual hay otras 35 investigaciones de desaparecidos, en las que la inactividad ministerial podría generar otras tantas observaciones contra la Fiscalía General de Justicia en el Estado.

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La prisa de la diputada Diana Karina Barreras no debió ser por ir a leer el informe del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en ese momento se presentaba en el Congreso local, 2,903 páginas en 5 tomos (un abuso de confianza).

Dio algunas miradas a su celular y tres veces intentó dar por terminada la reunión: "No habiendo más asuntos qué tratar...".

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