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Por segundo año consecutivo, la ciudad de San Diego reportó una disminución en el número de personas sin hogar que viven en la intemperie, de acuerdo con el más reciente recuento anual realizado en enero por el Regional Task Force on Homelessness. El informe revela una reducción del 6,6 % en esta población, lo que refleja un avance sostenido en la estrategia impulsada por el alcalde Todd Gloria. Sin embargo, el número total de personas sin hogar aumentó ligeramente en un 1,6 %, pasando de 5.866 a 5.958, lo que evidencia que el desafío aún está lejos de resolverse.

Las autoridades atribuyen estos resultados a una combinación de inversión pública y programas específicos que han ampliado el acceso a refugios y servicios. Destaca el uso de más de 50 millones de dólares provenientes del programa estatal de Asistencia y Prevención para Personas sin Hogar, así como la implementación de una fuente de financiamiento local aprobada en 2020, que prevé recaudar unos 30 millones de dólares adicionales. Estas acciones han permitido aumentar en un 12,5 % el número de personas alojadas en refugios, además de reducir significativamente la indigencia en sectores vulnerables como veteranos, jóvenes y familias. “Nuestra estrategia está funcionando, pero aún queda mucho por hacer”, reconoció Gloria, al subrayar la necesidad de atender problemas de salud mental y adicciones.

En paralelo, la ciudad ha acelerado la construcción de vivienda asequible y fortalecido programas como “Dormir Seguro” y “Estacionamiento Seguro”, orientados a estabilizar a quienes viven en condiciones precarias. También se han reforzado medidas para mantener calles más seguras, como la ordenanza contra campamentos inseguros y la colaboración con Caltrans para ampliar la atención social en espacios públicos. Aunque los avances son claros, autoridades y líderes locales coinciden en que la continuidad de estos resultados dependerá de mantener la inversión y profundizar las políticas de atención integral.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en su división de San Diego advirtió que la falta de cooperación de autoridades locales en El Cajón ha derivado en la liberación de personas con antecedentes penales. El director de la oficina de campo, Patrick Divver, señaló que las leyes vigentes dificultan ejecutar órdenes de detención migratoria, lo que en algunos casos permite que individuos considerados peligrosos regresen a la comunidad.

A través de un comunicado, la agencia detalló que esta situación se presenta debido a restricciones legales que limitan la colaboración entre autoridades locales y federales. ICE indicó que, aunque reconoce el trabajo de las fuerzas de seguridad, la normativa impide retener a ciertos detenidos el tiempo suficiente para que agentes federales puedan intervenir. Como ejemplo, la dependencia difundió perfiles de personas liberadas pese a contar con antecedentes por delitos como secuestro, violencia doméstica, conducción bajo los efectos del alcohol y daños a la propiedad.

El contexto se enmarca en las políticas de “estado santuario” vigentes en California, las cuales restringen la cooperación con autoridades migratorias federales salvo en casos específicos o con orden judicial. ICE reiteró la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad pública, mientras el debate sobre estas leyes continúa generando posturas encontradas entre autoridades estatales y federales.