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LOS ESTUDIANTES RECHAZAMOS EL “REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS” POR SER INCONSTITUCIONAL, ANTIACADÉMICO E INMORAL

URUS, 28 de mayo de 2026.

Ante la pretensión de aprobación del denominado “Reglamento de Regularización de Docentes Extraordinarios” impulsado en el XX Congreso Nacional Ordinario de Docentes Universitarios de Bolivia, expresamos nuestro firme rechazo por tratarse de una propuesta abiertamente inconstitucional, antiacadémica e inmoral, contraria a los principios históricos de la autonomía universitaria, el cogobierno paritario docente-estudiantil y la meritocracia académica que sustentan a la Universidad Pública Boliviana.

Bajo el argumento de una supuesta “regularización”, se pretende instaurar un mecanismo excepcional de titularización privilegiada para docentes extraordinarios o interinos, desconociendo la Constitución Política del Estado, los Estatutos Orgánicos y los Reglamentos de Régimen Académico Docente vigentes en cada universidad pública. El artículo 92 de la Constitución es claro al reconocer que las universidades públicas son autónomas y tienen la potestad de definir sus propias normas, estatutos y régimen docente. Por ello, ningún Congreso Nacional Universitario puede imponer de manera automática un reglamento uniforme por encima de las disposiciones internas de cada universidad.

La realidad del sistema universitario demuestra precisamente esa diversidad autónoma, pues existen universidades con distintos sistemas de elección, cogobierno y régimen académico. En el caso concreto de la Universidad Mayor de San Simón, existe un Estatuto Orgánico y un Reglamento de Régimen Académico Docente vigente desde 1990, que establece que el acceso a la titularidad docente debe realizarse mediante exámenes públicos y abiertos de competencia, evaluación académica transparente, tribunales paritarios y control del cogobierno universitario. Pretender desconocer estas normas constituye una grave vulneración a la institucionalidad universitaria.

El elevado número de docentes extraordinarios dentro del sistema universitario tampoco justifica la creación de un régimen de privilegio. La estabilidad laboral no puede utilizarse como excusa para eliminar los principios de mérito, evaluación académica y capacidad científica que caracterizan a la docencia universitaria. La universidad pública no puede equipararse a una institución administrativa cualquiera, porque su naturaleza constitucional exige producción intelectual, formación académica permanente y concursos públicos de méritos y competencia.

La titularidad docente no puede convertirse en una repartija política ni en un mecanismo prebendal entre grupos de poder universitario. La mejor y única forma legítima de acceder a la condición de docente ordinario titular es mediante concursos públicos y abiertos, garantizando igualdad de oportunidades para todos los profesionales capacitados y no únicamente para quienes ya forman parte de determinadas estructuras internas o roscas universitarias.

Resulta además profundamente inmoral que, en medio de la crisis económica y presupuestaria que atraviesa la universidad pública, se impulse una norma que deteriora aún más la legitimidad académica y moral de las universidades frente a la sociedad boliviana. Mientras se exige mayor presupuesto al Estado y se defiende la autonomía universitaria, determinados sectores pretenden consolidar titularizaciones privilegiadas que terminarán debilitando la credibilidad institucional y otorgando argumentos a quienes buscan cuestionar o intervenir la universidad pública.

La aprobación de este reglamento abriría peligrosamente las puertas a cuestionamientos constitucionales y conflictos legales, debilitando la defensa histórica de la autonomía universitaria y afectando el derecho de miles de jóvenes profesionales e investigadores que esperan oportunidades reales de acceso transparente a la docencia universitaria.
Convocamos a docentes, estudiantes, profesionales y sociedad civil a defender la institucionalidad universitaria, el mérito académico y el respeto a la Constitución Política del Estado. Defender la universidad pública significa defender su ética, su excelencia académica y el derecho de las futuras generaciones a una educación superior basada en capacidad y mérito, y no en privilegios ni acuerdos corporativos.

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