Garcia&robertson

Durante los próximos años habrá varias realidades en el mercado del alquiler. Por un lado, estarán los contratos firmados antes del 19 de diciembre de 2018, que están sujetos a la normativa antigua que aprobó el PP en 2013. En cambio, los alquileres rubricados entre el 20 de diciembre de 2018 y el 23 de enero de 2019 se regirán en función del decreto prematuro del Gobierno (el primer intento). De nuevo, entre el 24 de enero y hoy, los contratos vuelven a regirse por la norma del PP de 2013. La norma aprobada ayer entrará en vigor un día después de ser publicada en el BOE, y regulará los contratos firmados a partir de entonces.

Duración del alquiler

Con el nuevo decreto, el inquilino podrá, si quiere, permanecer en el piso alquilado cinco años. En cambio, si el propietario es una empresa, el periodo mínimo impuesto se alargará a siete años.

El Gobierno resucitó el viernes in extremis su real decreto de vivienda y alquiler, esta vez con la venia de Podemos. El presidente, Pedro Sánchez, aprovechó el último Consejo de Ministros de su legislatura para aprobar el real decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que ya lanzó en diciembre de 2018, el mismo que el Congreso tumbó en enero después de haber estado un mes en vigor, aunque con novedades.

La norma modifica tres leyes e incluye algunas medidas más restrictivas. Curiosamente no incorpora el tope de precios para los alquileres, condición sine qua non de Podemos que impidió sacar adelante el decreto prematuro. Aun así, el decreto tampoco cierra la puerta al control de precios mediante incentivos o gravámenes fiscales, a través de la creación de una estadística de alquileres que sirva "de soporte a posibles medidas de política fiscal".

Los contratos de alquiler firmados a partir de mañana se ajustarán a la nueva normativa, que amplía su duración de tres a cinco años y establece límites para las fianzas. Otra novedad es que el comprador de la vivienda tiene que respetar el contrato de alquiler, esté o no inscrito en el registro. Para que este decreto no vuelva a tumbarse, falta que se apruebe en la Diputación General Permanente, órgano que gobierna al disolverse las cortes por la convocatoria de elecciones. La Diputación cuenta con 65 escaños, de los que PP y Cs tienen 32, por lo que, para aprobarlo, PSOE tendría que sumar el apoyo del resto de partidos, incluido Bildu. En esta ocasión, fuentes del Ministerio de Fomento reconocen que "hay un acuerdo con distintos grupos políticos, a diferencia del anterior decreto, que no fue consensuado".

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