El Giocondo

Columna: La Palabra del Giocondo.
Por: Alejandro Flores de la Parra.

¿Y si ni México está pudiendo, presidenta?

La relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido una mezcla extraña entre matrimonio por conveniencia, pleito vecinal y terapia de pareja obligatoria. Se necesitan, se contradicen, se culpan mutuamente y, aun así, ninguno puede simplemente levantarse de la mesa e irse. Por eso, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum le recordó al embajador estadounidense Ronald Johnson que “los embajadores deben ser respetuosos de los asuntos internos de los países”, el mensaje no solo fue diplomático: también fue político, electoral y profundamente simbólico.

Johnson había señalado que convertir la lucha contra los cárteles en una discusión política representa “una oportunidad perdida” para proteger a la población. Y aunque la respuesta de Sheinbaum apeló a la soberanía nacional y a la doctrina histórica de no intervención, la pregunta inevitable terminó flotando en el aire como humo incómodo en conferencia mañanera: si los asuntos internos le corresponden exclusivamente a los mexicanos… ¿por qué tantos siguen sin resolverse?

Porque la realidad nacional hoy parece un tablero lleno de focos rojos simultáneos. El país enfrenta conflictos crecientes con agricultores que reclaman mejores condiciones y precios para sus cosechas; protestas magisteriales que han escalado hasta enfrentamientos con fuerzas de seguridad; regiones enteras donde la violencia criminal dicta horarios, rutas y silencios; y una inflación que, aunque oficialmente moderada en comparación con años anteriores, sigue golpeando el bolsillo de millones de familias con el aumento persistente en alimentos, vivienda y servicios.

Y ahí es donde el discurso soberanista empieza a chocar con una realidad menos épica y más incómoda.

Porque defender la soberanía es legítimo. Lo es históricamente y lo es políticamente. México tiene razones de sobra para desconfiar del intervencionismo estadounidense: invasiones, operaciones encubiertas, presiones económicas y una larga tradición de “ayuda” que casi siempre llega acompañada de intereses estratégicos. Pero una cosa es defender la soberanía y otra muy distinta utilizarla como escudo retórico cuando los problemas internos se acumulan sin solución visible.

El problema no es que Washington opine. Washington siempre opina. El problema es que cada vez que lo hace, deja al descubierto las grietas que el gobierno mexicano no ha logrado cerrar.

Ahí está el caso de la violencia ligada al narcotráfico. Oficialmente, el discurso insiste en que México actúa en su territorio y Estados Unidos en el suyo. Suena impecable en términos diplomáticos. El detalle es que los cárteles tampoco respetan fronteras, constituciones ni discursos patrióticos. Operan como corporaciones multinacionales del crimen mientras ambos gobiernos siguen discutiendo quién invade políticamente a quién.

Y en medio de esa discusión, los ciudadanos siguen pagando derecho de piso, desapareciendo en carreteras, viviendo bajo amenazas o viendo cómo ciertas regiones del país parecen administradas más por grupos criminales que por autoridades civiles.

Por eso el debate real no es si Ronald Johnson se excedió —probablemente sí— ni si Sheinbaum tenía derecho a responder —por supuesto que lo tenía—. El debate de fondo es otro: ¿qué ocurre cuando un gobierno exige respeto absoluto a su soberanía mientras amplios sectores de la población sienten que el Estado ha perdido control, capacidad o eficacia para resolver problemas esenciales?

Porque entonces aparece la contradicción incómoda: “los asuntos de México les corresponden a los mexicanos”, sí… pero muchos mexicanos comienzan a preguntarse quién se hará cargo cuando ni el gobierno, ni los estados, ni las instituciones parecen poder hacerlo plenamente.

La paradoja es brutal. México rechaza con firmeza cualquier insinuación de intervención extranjera, pero al mismo tiempo depende económicamente de Estados Unidos, coordina estrategias de seguridad con agencias estadounidenses, negocia permanentemente temas migratorios, comerciales y energéticos con Washington y comparte con ese país una crisis binacional de narcotráfico que ningún discurso patriótico puede encapsular dentro de una frontera.

En política, la soberanía sigue siendo un poderoso combustible emocional. Y Sheinbaum entendió perfectamente el valor simbólico de decir que “México no es piñata de nadie”. La frase conecta, emociona y cohesiona. Pero gobernar exige algo más complejo que frases memorables: exige resultados.

Porque cuando un ciudadano no puede salir tranquilo a carretera, cuando un productor agrícola no encuentra rentabilidad, cuando un maestro toma calles porque no encuentra respuestas institucionales, o cuando una familia siente que el salario alcanza cada vez menos, la discusión diplomática sobre los límites del embajador estadounidense deja de ser el centro del problema.

Y entonces surge la pregunta más delicada de todas:

Si ni México puede resolver completamente sus propios asuntos… ¿a quién le corresponde hacerlo?

FECCED detiene a dos exfuncionarios por presunto peculado en Durango ⚖️🚨

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango informó la detención de dos exservidores públicos vinculados presuntamente al delito de peculado.

📌 Uno de los detenidos habría trabajado en la Secretaría General de Gobierno
📌 El otro, identificado como exfuncionario de la pasada administración estatal
⚠️ Ambos son señalados por presunta disposición irregular de recursos públicos provenientes de cuentas de la Hacienda estatal

Según las investigaciones, habría retiros en efectivo realizados por funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración… sin justificación oficial que acreditara el destino de esos recursos.

Las autoridades aseguran que ya fueron cumplimentadas las órdenes de aprehensión y que los implicados quedaron a disposición judicial.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo del dinero público en administraciones pasadas…
y revive la pregunta de siempre: ¿cuántos más faltan por caer? 🎯

Columna: La Palabra del Giocondo.
Por: Alejandro Flores de la Parra.

Democracia en oferta: La austeridad y el hilo negro.

En México hay algo que siempre vende políticamente: prometer austeridad. Y si además se hace señalando salarios elevados de funcionarios públicos, el aplauso suele venir incluido sin necesidad de preguntar demasiado por las consecuencias. El problema comienza cuando la lógica del ahorro empieza a confundirse con la lógica del debilitamiento institucional.

Esta semana, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció el informe que plantea una profunda reestructuración salarial y administrativa rumbo al ejercicio 2027. La propuesta incluye reducción de compensaciones, eliminación de seguros médicos privados y de separación individualizada para más de 3 mil plazas directivas, ajustes salariales en áreas técnicas y directivas, así como la homologación de percepciones conforme al artículo 127 constitucional, que establece que ningún servidor público puede ganar más que la titular del Ejecutivo Federal.

En términos políticos, el movimiento era inevitable. El discurso de la austeridad republicana lleva años construyendo una narrativa en la que cualquier organismo autónomo con salarios altos es presentado como una especie de club de privilegios financiado por ciudadanos que apenas sobreviven entre inflación, impuestos y créditos eternos. Y claro, en un país donde el salario promedio ronda los 17 mil pesos mensuales, resulta difícil convencer al electorado de que un consejero electoral necesita ganar más de 250 mil pesos brutos al mes.

El problema no es la reducción salarial en sí misma. El problema es lo que puede venir después.

Porque detrás del aplauso fácil al “ya les bajaron el sueldo”, aparece una pregunta mucho más delicada: ¿cuánto cuesta realmente una democracia profesional y técnicamente sólida?

El propio informe del INE reconoce que el ajuste busca “racionalizar” el gasto y alinear las percepciones al nuevo marco constitucional. La reducción estimada sería de 375.9 millones de pesos respecto al presupuesto 2026. La cifra luce enorme en conferencia mañanera, aunque en realidad representa una fracción mínima del gasto federal total. Dicho de otro modo: financieramente el Estado mexicano no se salva por recortar prestaciones al INE. Pero políticamente el mensaje es potentísimo.

La discusión de fondo es otra. Diversos especialistas y exconsejeros electorales han advertido que la combinación entre recortes presupuestales, presión política y disminución de incentivos laborales puede traducirse en fuga de perfiles técnicos altamente especializados. (El Economista)

Y ahí es donde la democracia empieza a abaratarse.

Porque organizar elecciones en un país como México no es exactamente coordinar una kermés escolar. Implica instalar más de 170 mil casillas, capacitar millones de funcionarios ciudadanos, blindar cadenas de custodia, fiscalizar recursos de partidos, operar sistemas informáticos complejos y enfrentar la creciente presión del crimen organizado sobre procesos electorales locales.

Paradójicamente, mientras aumentan los riesgos políticos y de seguridad, la tendencia institucional apunta a disminuir capacidades técnicas y márgenes de autonomía. Algunos consejeros incluso han advertido posibles conflictos constitucionales y laborales derivados de estos ajustes. (La Jornada)

La ironía mexicana aparece sola: queremos elecciones impecables, rápidas, confiables y baratas… como si la democracia pudiera operar bajo el modelo de “todo incluido” de una aplicación de descuentos.

En el fondo, el debate no trata únicamente sobre salarios. Trata sobre autonomía.

Los organismos autónomos nacieron precisamente para crear contrapesos frente al poder político. Y los contrapesos, por definición, suelen ser incómodos. Lorenzo Córdova advertía desde años atrás que los riesgos para estos organismos incluían asfixia presupuestal, ataques políticos y reformas orientadas a reducir márgenes de independencia. (Reddit) Más recientemente, exconsejeras como Dania Ravel y Claudia Zavala han insistido en que la presión política y presupuestal sobre el INE puede terminar erosionando su capacidad técnica y su autonomía real. (El País)

Y aquí aparece el dato incómodo para todos los bandos: una democracia barata suele salir carísima después.

América Latina tiene suficientes ejemplos de instituciones electorales debilitadas que terminaron abriendo espacio a conflictos postelectorales, polarización extrema o pérdida de confianza ciudadana. Cuando los árbitros se perciben frágiles, subordinados o técnicamente disminuidos, los partidos dejan de aceptar resultados y la sospecha sustituye a la certeza.

Por supuesto, tampoco puede defenderse un esquema de privilegios ilimitados bajo el argumento de la autonomía. El INE cometió durante años el error político de encapsularse en una lógica burocrática poco sensible frente a la realidad económica del país. Esa desconexión alimentó la narrativa oficialista que hoy justifica los recortes con enorme respaldo popular.

Pero entre el privilegio y el debilitamiento institucional debería existir un punto de equilibrio.

Porque si la democracia mexicana entra en modo “versión económica”, quizá descubramos demasiado tarde que los ahorros presupuestales terminan cobrando intereses políticos altísimos.

Y en México ya sabemos algo: cuando las instituciones se abaratan, el poder casi siempre se encarece.

🌾💰 Buscan acopiar 5 mil toneladas de frijol para productores de Durango

El diputado Noel Fernández Maturino anunció que encabezará una gestión ante la Secretaría de Alimentación para el Bienestar para solicitar el acopio de 5 mil toneladas de frijol destinadas a productores duranguenses.

📊 ¿Qué se busca?
➡️ Garantizar un precio de 27 pesos por kilo
➡️ Dar certidumbre al cierre del ciclo agrícola
➡️ Frenar pérdidas por “coyotaje”
➡️ Respaldar la economía de familias campesinas

🌱 El contexto:
Durango enfrenta dificultades para comercializar parte de su producción, mientras que en estados como Nayarit y San Luis Potosí existen excedentes de acopio no utilizados.

⚖️ La petición central:
✔️ Redireccionar toneladas disponibles hacia Durango
✔️ Dar un trato equitativo frente a otros estados como Zacatecas
✔️ Fortalecer esquemas de compra para pequeños productores

💬 Mensaje del legislador:
“El campo no debe tener colores partidistas; gracias a los productores llega el alimento a las mesas de las familias mexicanas”.

📉 Problemática de fondo:
• Intermediarios que pagan precios bajos
• Falta de certidumbre para comercializar
• Migración de jóvenes por falta de oportunidades en el campo

📍 En perspectiva:
La gestión busca aliviar la presión económica del sector agrícola y abrir una discusión de fondo sobre la necesidad de políticas de comercialización más justas y sostenibles para el campo duranguense.