APRA

Que paso en 1987:

La angustiosa iliquidez del Estado a causa de la evasión fiscal empujó a García a anunciar a la nación dos medidas de política económica: en primer lugar, la nacionalización, con derecho a indemnización, de todas las entidades bancarias, excepto las filiales extranjeras, amén de algunas aseguradoras, que no pertenecieran al Estado; en segundo lugar, la prohibición de las operaciones de cambio de divisas fuera de los cauces mercantiles controlados por el Estado.

García intentó estatizar la banca precisamente porque el sector privado no estaba invirtiendo ni facilitando el flujo de capital productivo.

García se defendió de los que le acusaban de imponer la dictadura económica y de quebrar los principios del Estado liberal aduciendo que se trataba de controlar la masa monetaria circulante, de impedir la fuga de capitales y de cerciorarse de que las financiaciones bancarias se dirigieran efectivamente a proyectos de desarrollo y no a operaciones especulativas. El empresariado y los accionistas privados reaccionaron en bloque contra el Gobierno aprista, pero este se enajenó también el apoyo de las clases medias urbanas, que vieron peligrar su poder adquisitivo por el aumento imparable de la inflación.

El costo politico de la estatización confirmó los peores temores del sector privado, que respondió exactamente con el comportamiento que García quería corregir, pero ahora de forma masiva y coordinada.

Fue el bumerán más perfecto de todo el período. La medida para disciplinar al capital privado liberó al capital privado de cualquier restricción moral o política para destruir la economía.