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Policía fue identificado como autor del disparo que causó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz en la marcha, confirmó el general Óscar Arriola
El general Arriola precisó que el agente no pertenece al grupo Terna y permanece bajo investigación mientras continúa la indagación fiscal

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola, confirmó que el suboficial de tercera Luis Magallanes, miembro de la División de Investigación Criminal, fue quien realizó el disparo que provocó la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz durante la marcha nacional del 15 de octubre en el centro de Lima. El hecho ocurrió cerca de las 23:10 horas, en inmediaciones de la avenida Abancay, durante una jornada de protestas que terminó con enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden.

Arriola explicó que la identificación del agente se logró mediante la revisión de imágenes del circuito cerrado de videovigilancia facilitado por la Municipalidad de Lima. “Con la ayuda fundamental y trascendental de una institución como lo es la Municipalidad de Lima, en la persona del alcalde Renzo Reggiardo, y en coordinación con el presidente de la República, el Premier y el ministro del Interior, se ha podido establecer la identidad de la persona que efectuó el disparo con arma de fuego”, señaló ante los medios.

El general detalló que el agente involucrado pertenece a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y no al grupo Terna, como se había afirmado en las primeras horas posteriores al hecho. “El autor de ese disparo es el suboficial de tercera Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, no al grupo Terna, y que estuvo comprendido en actos de verificación en inmediaciones de la avenida Abancay”, precisó.

El comandante general informó que Magallanes se encuentra detenido y bajo investigación de la División de Homicidios. “Se encuentra acá, pero ya con la notificación de detención y las investigaciones a cargo del jefe de la División de Homicidios”, indicó Arriola. Añadió que el caso está siendo conducido por un fiscal penal común, al tratarse de “hechos totalmente aislados del planeamiento policial”.

Asimismo, reveló que otro efectivo también está detenido por su posible participación en los hechos. “Otro de los policías que hemos podido ver en las imágenes se acerca y, en la confusión, efectúa disparos. Al ver que hay una persona herida, sale en dirección de Magallanes. Ambos se encuentran en calidad de detenidos”, dijo el jefe policial.

El comandante general de la PNP, aseguró que la institución actuará con transparencia y respeto a la legalidad. “Este comando de la Policía Nacional de todos los peruanos, para garantizar la transparencia e imparcialidad de las investigaciones que debe hacer tanto la policía misma como el Ministerio Público, ha decidido separar del cargo a los generales con influencia directa en las órdenes del operativo”, señaló. Estas medidas, explicó, se tomaron bajo los “cánones de la normatividad vigente” con el objetivo de asegurar una investigación “prolija y exhaustiva”.

La jornada de protesta del 15 de octubre, que congregó a miles de ciudadanos en distintas regiones, terminó en Lima con enfrentamientos prolongados entre manifestantes y policías. Según el parte oficial, los agentes resistieron “más de siete horas” de hostilidades en el Centro Histórico. En medio de ese contexto, Ruiz Sanz, de 32 años, recibió el disparo que le causó la muerte.

Arriola relató que el suboficial Magallanes había sido agredido antes del suceso. “Luego de haber sido agredido una primera vez y después de salir de ese evento, también fue agredido”, explicó. El comandante general sostuvo que el policía se encuentra hospitalizado junto a otros ochenta y nueve agentes heridos durante las protestas, todos bajo atención médica y evaluación de sus estados de salud.

Disculpas y medidas desde el Ejecutivo
Antes de cerrar la conferencia de prensa, Óscar Arriola, expresó públicamente sus condolencias y pidió perdón a los familiares del joven fallecido. “La policía reitera las condolencias a los familiares y amigos de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, que Dios lo tenga en su gloria. Le pido perdón a su familia en nombre de los ciento cuarenta mil policías”, declaró al concluir

El comandante general anunció que el presidente de la República y el Consejo de Ministros se reunirían para evaluar medidas destinadas a restablecer la calma.

“En los próximos minutos, el señor presidente constitucional de la República, el señor presidente del Consejo de Ministros y los ministros dictarán algunas medidas para que vuelva la tranquilidad a la ciudadanía peruana, que últimamente viene siendo testigo de estos actos de extrema violencia”, dijo.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las diligencias para determinar las responsabilidades penales y administrativas en el operativo. El caso se mantiene bajo investigación con atención pública y expectativa nacional.

🇵🇪 “El Perú arde: la caída del nuevo presidente y el silencio comprado de los medios”

Por Redacción Especial — Lima, octubre de 2025

El Perú despierta una vez más bajo la sombra del escándalo. Apenas una semana después de la destitución de Dina Boluarte, el nuevo presidente José Jerí Oré ya enfrenta una tormenta política y moral que amenaza con arrastrar al país entero. Denuncias por violación sexual, ministros implicados en corrupción y una generación Z que sangra en las calles mientras los medios callan configuran el retrato de un Estado en agonía.

🧨 El ascenso exprés de un presidente marcado por el escándalo

La destitución de Boluarte, ejecutada en menos de 24 horas con 122 votos en el Congreso, fue celebrada como “una victoria de la democracia”. Pero lo que siguió parece un libreto repetido de la política peruana: el Congreso impuso como presidente interino a José Jerí, un hombre con una denuncia archivada por violación sexual y presuntas irregularidades financieras durante su paso por la Comisión de Presupuesto.
Fuentes judiciales confirman que la carpeta fiscal fue cerrada tras una prueba de ADN, pero las inconsistencias en el test y la rapidez del archivo levantan sospechas de interferencia política. (Fuente: Infobae, 13/10/2025
)

💰 Ministros con pasado oscuro y pactos de impunidad

Su primer gabinete, encabezado por el polémico abogado Ernesto Álvarez Miranda, incluye figuras con denuncias por difamación, corrupción, secuestro y violación. En palabras de un exministro de Defensa:

“Este gabinete es la reedición del viejo modelo: se cambia el rostro, pero no las manos que reparten el poder.”

Detrás del telón, viejos caudillos políticos resurgen: Keiko Fujimori, César Acuña y Rafael López Aliaga habrían tejido un pacto de supervivencia mutua. Según fuentes del Congreso, estos líderes presionaron para acelerar la vacancia de Boluarte y garantizar un gobierno “técnico”, pero dócil.
([Fuentes: El País, Sudaca, EFE, octubre 2025])

📺 Medios silenciados: el nuevo pacto del miedo

Mientras tanto, los medios nacionales parecen haber sido comprados con contratos millonarios en publicidad estatal.
Periodistas consultados bajo anonimato denunciaron que la Secretaría de Comunicación del Ejecutivo impuso una “línea editorial única”, castigando a quienes cuestionen al régimen con la suspensión de convenios y vetos publicitarios.

Un reportero gráfico de un canal local, hoy despedido, lo resume así:

“Nos prohibieron usar la palabra represión. Nos dijeron que digamos control del orden. Nos prohibieron mostrar sangre.”

La autocensura se ha convertido en moneda corriente. Portales como Caretas o IDL-Reporteros enfrentan amenazas, hackeos y auditorías selectivas. Incluso corresponsales extranjeros han denunciado intervenciones telefónicas y vigilancia estatal, en una estrategia que recuerda los años más oscuros del autoritarismo fujimorista.

🔫 Un país armado y al borde del colapso

Paralelamente, la violencia urbana se ha disparado. Según El País, más de 180 transportistas fueron asesinados en lo que va del año por negarse a pagar cupos a mafias vinculadas con policías corruptos.
(Fuente: El País, 08/10/2025
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La Policía Nacional atraviesa su peor crisis de legitimidad: agentes involucrados con bandas criminales, desapariciones no esclarecidas y uso desmedido de la fuerza en protestas. Testimonios recopilados por Amnistía Internacional alertan que el uso de armas de fuego contra manifestantes persiste pese a las promesas de reforma.

“La represión no cambió de manos. Solo cambió de uniforme.” — Señala un abogado de derechos humanos que pidió reserva de identidad.

🧬 Generación Z: la juventud que se desangra en silencio

Mientras el poder se recicla en los mismos apellidos, la Generación Z peruana vive entre la desesperanza y la resistencia digital. Jóvenes universitarios, artistas y programadores salen a las calles con pancartas y celulares, transmitiendo en vivo lo que los noticieros ya no muestran.
Muchos son detenidos arbitrariamente o agredidos con perdigones. Otros desaparecen de las redes tras publicar evidencias de represión.

En redes sociales, el hashtag ha superado los 3 millones de menciones, convirtiéndose en el grito digital de una generación que se siente traicionada por sus instituciones y abandonada por los medios.

🕯️ Conclusión: la República en ruinas

La caída de Dina Boluarte y el ascenso de José Jerí no representan una transición: representan la continuidad de un sistema podrido que sobrevive devorándose a sí mismo.
Mientras los grandes medios negocian su silencio y los poderosos reacomodan sus fichas, el país se hunde en una espiral donde la verdad cuesta más que el oro y la sangre de los jóvenes vale menos que un titular censurado.

✊ “El Perú no necesita otro presidente. Necesita despertar.”

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Poder Judicial declaró infundado pedido fiscal de prisión preventiva contra Martín Vizcarra

El juez Víctor Alcocer consideró que "no se verifica el grado de intensidad necesario para afirmar que hay elementos de convicción que justifiquen una prisión preventiva".

El Poder Judicial declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva, por el plazo de 6 meses, contra Martín Vizcarra como parte del juicio que se le sigue por presuntos casos corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

“Debe tener medidas cautelares, pero estas deben ser menos gravosas”, dijo el juez Víctor Alcocer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

El expresidente de la República (2018-2020) es objeto de investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, al ser acusado de recibir 2,3 millones de soles en coimas de empresas constructoras a cambio de las licitaciones para los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Alcocer señaló que "no se verifica el grado de intensidad necesario para afirmar que hay elementos de convicción que justifiquen una prisión preventiva".

Durante la audiencia, el magistrado indicó también que el exmandatario, si bien cuenta con arraigo familiar y domiciliario, "no tiene un vínculo laboral arraigado que le impida rehuir de la justicia".

El juez Alcocer recordó que, para dictar el mandato de prisión preventiva, resulta necesario un grado de sospecha grave, algo que, apuntó, la Fiscalía no acreditó.

Asimismo, consideró que, en este caso, el Ministerio Público presentó elementos "insuficientes" para concluir que hay probabilidad de fuga por parte del imputado.

El magistrado, sin embargo, dictó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por seis meses, contados a partir del 5 de julio, contra el expresidente.

Entre las reglas de conductas impuestas por el juzgado para garantizar la presencia del acusado en este proceso judicial se encuentran: la obligación de no concurrir a sedes de embajadas, como embajadas; la prohibición de comunicación con personas vinculadas a representaciones diplomáticas; y el control biométrico mensual justificación de actividades cada 30 días.

Por su parte, el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, apeló a la decisión judicial.

El requerimiento del Ministerio Público obedeció a que el impedimento de salida del país que afronta el exmandatario está próximo a vencer, por lo que Fiscalía busca que esté presente en el país para continuar el juicio oral en su contra por estos dos casos que inició en octubre de 2024.

Demanda 15 años de prisión
En lo que va del proceso judicial, el fiscal Juárez Atoche ha solicitado para Vizcarra Cornejo una pena de 15 años de pena privativa de la libertad.

Además, pidió contra Vizcarra 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y S/151 580 por concepto de días multa.