Jhon Reynaga

Cuota laboral para personas con discapacidad: una obligación pendiente💼

En Perú, 3,2 millones de personas👩‍🦽, equivalentes al 10% de la población, presentan alguna discapacidad, según datos actualizados del INEI. Aunque la Ley N.° 29973, promulgada en 2012, estableció una cuota laboral del 3% para el sector privado y 5% para el público, el cumplimiento sigue siendo alarmantemente bajo.

Esta cuota forma parte de una serie de avances importantes en beneficio de las personas con discapacidad (PCD), cuyo impulso lideré como presidente de Inclusión Social del Congreso de la República. Junto a diversas organizaciones, e insistí para que se aprobará como ley 📜, en vista que fue rechazado por el gobierno de turno.

Sólo 0,5% de las 50,000 empresas obligadas cumplen con esta normativa, destacando la falta de fiscalización efectiva por parte de instituciones como el CONADIS, SUNAFIL, SERVIR, OREDIS Y OMAPED.

A pesar de los avances legales, como la inclusión de ajustes razonables y beneficios tributarios para empleadores, la realidad revela que muchas empresas evitan su responsabilidad social utilizando excusas burocráticas. Incluso cuando contratan a personas con discapacidad, los salarios son, en muchos casos, los más bajos permitidos por ley.

Como testimonio postule a una convocatoria para PCD de COSAPI con sueldo por encima de una remuneración parlamentaria, al cual cumplía el perfil, pero ellos lo que buscan es solo que postules después no terminan con el procedimiento, para que sustenten que cumplieron con la ley.

El impacto económico de esta exclusión es significativo. De la población económicamente activa con discapacidad, el 39,6% participa en el mercado laboral, pero la mayoría lo hace en empleos independientes o informales, con poca estabilidad económica.

⚠️Es esencial que los ministerios, gobiernos regionales y municipalidades trabajen de forma articulada, no solo para fiscalizar, sino también para promover programas de capacitación laboral que integren efectivamente a esta población.
🤝Es momento de transformar las palabras en acciones y garantizar que esta población vulnerable encuentre las mismas oportunidades de desarrollo. Las leyes están en su lugar; ahora necesitamos compromiso social y político para hacerlas cumplir.