Samuel Larico

Mafia, corrupción y elecciones

Nos encontramos en la antesala a un proceso electoral, donde los peruanos elegirán presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino.

Hoy más que nunca vivimos una etapa de esclarecimiento confrontacional; ya no se trata de derechas e izquierdas, como pretenden hacernos ver la gran prensa nacional, que históricamente ha sido aliada de la mafia y la corrupción, se pretende utilizar como caballo de Troya la delincuencia, que ha tomado partida y se ha acrecentado en nuestra patria. Ahora dicen y señalan que tienen soluciones, pero la historia demuestra lo contrario.

Hace años se descubrió la existencia de organizaciones criminales, como el llamado Club de la Construcción, empresarios mafiosos que se repartían la construcción de obras públicas y el dinero de los peruanos. Preguntamos: ¿cuántos de esos empresarios grandes, de apellidos Graña, Miro-Quesada y otros que viven en los llamados distritos de la clase social alta, hoy están en la cárcel? Ninguno.

Junto a empresas corruptas brasileñas han robado millones de soles a los peruanos, pero la gran prensa nacional calla y son cómplices de las fechorías de estos delincuentes de alta alcurnia. Por eso da que pensar que la cárcel es solo para los pobres, no para estos corruptos, delincuentes y mafiosos.

Bajo el pretexto de aportes privados de dinero para campañas electorales, los empresarios corruptos pagan las coimas adelantadas, y los llamados partidos políticos, cuyos representantes son parte del congreso corrupto, han sacado y aprobado leyes en esa línea de corrupción. Esto debe acabarse con las próximas elecciones.

El pueblo es sabio, y los corruptos y mafiosos lo saben; por ello, López Aliaga, Keiko Fujimori, Luna Gálvez y demás sinvergüenzas hoy desarrollan sus actividades políticas a puerta cerrada, en locales cerrados, con asistencia seleccionada, seguridad y otros. Ello porque tienen miedo al pueblo y no se atreven a caminar por las calles para buscar respaldo ciudadano.

Finalmente, debemos señalar que alguien tendrá que capitalizar ese descontento del pueblo, pero con propuestas coherentes, sin sesgos ni mentiras, mientras la ciudadanía estará vigilante. Hoy, más que nunca, debe llegar un nuevo amanecer, con un sol brillante que alumbre nuestro futuro.

Escribe: Samuel Larico (7.2.2026).

Mafia y corrupción toman el control de nuestra patria

Nuevamente volvemos a ver cómo, en el Perú, la mafia y la corrupción se imponen.

¿El Estado está podrido? Habría que preguntarse. La respuesta es no, no como institución, sino por quienes lo conducen desde hace décadas, incluso desde la llamada independencia.

Nos quisieron hacer creer que ellos —los mafiosos y corruptos— son personas buenas que buscan el bienestar social, camuflándose de empresarios, demócratas y defensores de la patria; toda una falacia construida por estos hipócritas.

Gritan a los cuatro vientos que el Perú tiene una economía fuerte, que los inversionistas generan trabajo; todo ello es falso. Son alrededor de diez millones de peruanos sumidos en la pobreza, lo que desmiente ese discurso engañoso.

Las empresas transnacionales y los grandes empresarios no son quienes generan empleo; son las pequeñas empresas y las MYPE las que coadyuvan realmente a la generación de trabajo, mientras que las empresas agroexportadoras y mineras gozan de privilegios tributarios. Estas últimas se benefician del llamado crédito fiscal: no pagan el Impuesto General a las Ventas (IGV) por la exportación de minerales al extranjero y, además, la SUNAT o el Estado les devuelve el IGV de sus compras anuales. ¡Qué desfachatez y conchudez!, todo ello construido bajo el manto de la democracia y el discurso de que las inversiones traen desarrollo. Una sarta de ladrones, zarrapastrosos y embusteros.

Ahora que se avecinan las elecciones, vemos a estos hipócritas de la política criolla vestirse de “indios”, como ellos dirían; degustar en comedores populares y abrazar a los pobres para seguir sosteniendo este sistema. Sin embargo, se muestran desesperados ante un pueblo cada vez más culto. Solo la ignorancia los sostiene, junto con la manipulación de la información. Ojalá lleguen nuevos tiempos para expulsar a estos miserables.

Finalmente, desde el Congreso y con el soporte de las Fuerzas Armadas y la Policía, la mafia y los corruptos asaltan las instituciones del Estado, designando funcionarios serviles que obedezcan a sus intereses. Allí están el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, entre otros; todo es evidente. Actúan como delincuentes quienes forman parte de los partidos políticos con representación en el Congreso: corruptos, sinvergüenzas, lacra de la sociedad, por quienes la ciudadanía no debe votar. Lo contrario implicaría ser parte de esa porquería y miseria de la humanidad.

Que Dios ilumine vuestra conciencia.

Escribe: Samuel Larico (31.1.2026)

𝗖𝗮𝘀𝗼 𝗞𝗲𝗶𝗸𝗼 𝗙𝘂𝗷𝗶𝗺𝗼𝗿𝗶: 𝗨𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Para analizar la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 02109-2024-PHC/TC, referida a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y la sentencia n.° 185-2025 del 2 de octubre de 2025, nos ratificamos en señalar que los integrantes del Tribunal Constitucional hasta la fecha no pueden ni van a demostrar imparcialidad frente a los casos en los que deben pronunciarse. La razón es simple: de acuerdo con la Constitución, sus miembros son designados por el Congreso de la República, es decir, por la repugnante conspiración entre Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular y demás grupos políticos que, como partidos, ya ni existen ante la ciudadanía. Son percibidos como una maquinaria electoral y una maquinaria al servicio de intereses oscuros. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional no garantiza el control constitucional ni la justicia en el país.

Además, resulta evidente la conducta hipócrita de sectores de poder y candidatos presidenciales que sugieren que el Perú debe retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que en esta sentencia —en el fundamento 38— el propio Tribunal hace referencia y pretende actuar bajo ese marco de justicia internacional. Nuestros políticos y los grupos de poder que someten al Tribunal Constitucional actúan con absoluta doble moral.

Entrando al fondo de la Sentencia N° 185/2025 en el caso de Keiko Fujimori, hacemos el análisis desde el punto de vista legal. ¿Qué encontramos? Argumentos con los que el Tribunal pretende justificar su intromisión en la justicia penal ordinaria, bajo el manto de «proteger derechos», cuando en realidad están protegiendo a los grupos de poder, corruptos y organizaciones mafiosas en el Perú. La Constitución no les da facultades para interferir en la justicia penal ordinaria.

El Tribunal señala en el fundamento 54 que el delito de lavado de activos, en la modalidad de receptación patrimonial, fue incorporado recién con el Decreto Legislativo 1249, vigente desde el 26 de noviembre de 2016. Es cierto: antes de esa fecha no existía esa modalidad específica. Por ello, la “receptación patrimonial» no se encontraba en la Ley 27765 aplicable a la campaña electoral de 2011 ni tampoco en el Decreto Legislativo 1106 aplicable a la campaña de 2016. También es cierto que la Fiscalía, en su acusación inicial, habría calificado indebidamente los hechos como receptación patrimonial.

Pero el fundamento 55 recoge un hecho clave: el 2 de julio de 2025 el Ministerio Público (en la persona de José Domingo Pérez) presentó un nuevo requerimiento acusatorio, esta vez imputando lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y transferencia. Es decir, ya no se insistió en la receptación patrimonial, sino en la conversión de dinero ilícito, conducta que sí estaba prevista en la legislación anterior. El hecho punible: recibir dinero sucio proveniente de corrupción (Odebrecht y otras empresas), fraccionarlo a través de falsos aportantes («pitufeo») y ponerlo en circulación para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.

Aquí entra el punto central: el artículo 349 del Código Procesal Penal permite modificar la calificación jurídica sin alterar el hecho imputado. Lo permite el CPP y lo respaldan acuerdos plenarios: el principio de congruencia objetiva exige que no cambien los hechos; la calificación sí puede variar. Y aquí no cambiaron los hechos.

Entonces, ¿quién era el órgano competente para evaluar la nueva acusación fiscal? El juzgado de investigación preparatoria. El Tribunal Constitucional no tenía competencia para interferir. El artículo 350 del CPP permite observar la acusación, plantear excepciones y solicitar el sobreseimiento. El artículo 344 habilita el sobreseimiento cuando el hecho no es típico. El artículo 6 permite la excepción de improcedencia de acción. Todo debía resolverse en sede penal, no en el Tribunal Constitucional. Si la defensa consideraba que los hechos no encajaban en lavado de activos, ese debate correspondía a la justicia penal, con jueces penales, en audiencias penales. Punto.

Por eso, con fundamento jurídico, se puede decir claramente: los 5 integrantes del Tribunal Constitucional que avalaron la sentencia han violentado el ámbito de la justicia penal ordinaria, emitiendo una sentencia mamarracha y un insulto al derecho. Una decisión política, que gran parte de la prensa pretende justificar. Los hechos son claros: aunque la receptación patrimonial se incorporó recién en 2016, la conversión de dinero ilícito ya existía como delito antes, y la Fiscalía adecuó la calificación conforme a ley. Lo que correspondía era continuar el proceso penal. Pero el Tribunal Constitucional, actuando como guardia pretoriana de intereses mafiosos, decidió salvar a la beneficiaria antes de que sea juzgada.

En el Perú, la mafia hace lo que quiere, y el Tribunal Constitucional sirve como su instrumento, subordinado y servil. Si el Tribunal va a decidir quién puede o no ser procesado penalmente por corrupción, entonces ¿para qué diablos existe el Código Procesal Penal y el sistema de justicia penal? ¿Para qué diablos los abogados del país estudiamos debido proceso, congruencia, acusación fiscal, control judicial y oralidad, si cinco magistrados «tocados por Dios» pueden destruir todo y bendecir la impunidad?

Así está el país: la Corte Suprema y el Ministerio Público investigan y acusan; el Tribunal Constitucional absuelve de facto. La justicia ordinaria intenta aplicar la ley; el Tribunal Constitucional se pone la camiseta política. Y la mafia aplaude.

Escrito por Samuel Larico (1.11.2025).

𝗖𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝗰𝗼𝗿𝗿𝘂𝗽𝘁𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗿

Hacer política en el Perú ha perdido su rumbo. Que el objetivo de las ideologías políticas, llámese de derecha, izquierda o centro, que así se denominan cuyo fin debería ser «buscar el bienestar social» de la sociedad entera, simplemente es una utopía, porque los intereses individuales y egoístas se sobreponen al interés general, y para conseguir ello no escatiman en utilizar la fuerza, inspirada en la violación de los derechos humanos. Pareciera que han llegado a entender el dicho popular «que el fin justifica los medios», y, cual zatrapas, no les interesa respetar el estado de derecho, de lo que tanto proclaman.

El en Perú, el cogobierno de corruptos (Fuerza Popular, Alianza para el Progreso [APP], Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Podemos Perú y hasta los llamados de izquierda, como Perú Libre) hace lo que les viene en gana en la producción de leyes, y no podía ser de otra manera cuando se tiene 90 congresistas investigados y partidos políticos involucrados en hechos de carácter penal.

Dina Boluarte resulta siendo solo una alfil del sistema corrupto, de las mafias de empresarios corruptos y el poder coercitivo de las Fuerzas Armadas, que ahora se desesperan para promulgar leyes y resoluciones en el Congreso de la República para preparar un golpe de Estado e inhabilitar a sus adversarios políticos. No les importa que luego, a sangre y fuego, como diciembre de 2022 y enero 2023, pasado bajo el pretexto de la la paz, sigan robando al país.

Intelectual e ideológicamente han sido derrotados, con un pueblo cada vez más educado, que se da cuenta y no se deja engañar, por ello el único camino que tienen los criminales y corruptos es mantenerse por la fuerza en el poder, no saben qué hacer por qué el discurso de incriminar como terroristas al pueblo se les acabó. Ahora, no solo el problema es de carácter social sino la delincuencia común que parece g***r de carta blanca del puñado de gentes que ostentan el poder.

Los sinvergüenzas son tan conchudos y caraduras que no les interesa los 10 millones de peruanos pobres, pero si la crisis venezolana.

Escribe: Samuel Larico (1.2.2023).

𝐇𝐈𝐏𝐎𝐂𝐑𝐄𝐒𝐈́𝐀 𝐘 𝐕𝐄𝐍𝐄𝐙𝐔𝐄𝐋𝐀

La presente semana, hemos sido testigos de la conducta hipócrita de quienes dicen defender la democracia y los derechos humanos.

Quienes miran la paja en el ojo ajeno y no verifican la viga en sus propios ojos han demostrado cómo se puede imponer la hipocresía y el tema ha sido Venezuela: la juramentación de Nicolás Maduro.

Los autotitulados demócratas, defensores de los derechos humanos y hasta Dina boluarte, sus ministros, congresistas, políticos de derecha y la prensa, dan grito al cielo señalando que en Venezuela se violan los derechos humanos y se pisotea la democracia.

Es cierto que en Venezuela, hubo unas elecciones cuestionadas y con denuncias de fraude, pero el conjunto de políticos mafiosos, la prensa corrupta y cómplice, y los llamados defensores de la democracia y los derechos humanos se olvidaron que en el Perú mataron a 49 peruanos y muchos heridos para mantenerse en el poder, mafiosos y corruptos dan grito al cielo.

Lo que resulta comprobado es que si Maduro se mantiene como presidente de Venezuela es por el apoyo de las fuerzas armadas venezolanas, que se constituye en una institución deliberante y determinante, lo mismo ocurre en el Perú, puesto que la fuerza armada peruana bajo el plurito de mantener la paz, se constituye en soporte de gobiernos corruptos, el tiempo y la historia lo demuestra.

Basta de hipocresía. Debemos ser coherentes frente a una realidad latente, y nuestra obligación moral es desenmascarar la conducta de falsos demócratas, y nefastos personajes, que permitieron que en nuestro Perú se viole los derechos humanos.

Escribe: Samuel Larico (11.1.2025).