Space J.L

| 📍El reciente debate técnico entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú generó preocupación entre diversos sectores de la ciudadanía debido a la ausencia de temas vinculados con la inseguridad ciudadana, considerada actualmente una de las principales problemáticas del país.

En medio del incremento de delitos como extorsiones, sicariato y robos en distintas regiones del Perú, el encuentro se centró únicamente en bloques relacionados con economía, salud, reforma del Estado, infraestructura, agricultura, medio ambiente y juventud/deporte. Aunque estos temas forman parte de la agenda nacional, distintos analistas cuestionaron que la seguridad no haya sido incluida dentro de las prioridades del debate.

La omisión de asuntos como la inseguridad ciudadana y la corrupción provocó críticas de especialistas y ciudadanos, quienes señalaron que ambas fuerzas políticas aspiran a gobernar el país sin abordar de manera directa una problemática que afecta diariamente a millones de peruanos.

Actualmente, transportistas, comerciantes y emprendedores enfrentan amenazas constantes por parte de organizaciones criminales, mientras que en diversas ciudades crece la percepción de inseguridad y falta de control frente al avance del crimen organizado.

Por ello, diversos sectores consideraron preocupante que en un espacio destinado a exponer propuestas técnicas y soluciones para el país no se priorizara el debate sobre seguridad ciudadana, fortalecimiento de la Policía Nacional y reformas en el sistema de justicia. La población esperaba conocer estrategias concretas y compromisos frente a una crisis que continúa expandiéndose en distintas regiones.

La exclusión de este tema del debate reavivó las críticas hacia la clase política y abrió nuevamente la discusión sobre la necesidad de que los próximos encuentros electorales estén más conectados con las principales preocupaciones de la ciudadanía.

| El Poder Judicial rechazó el pedido presentado por la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski para archivar la investigación que afronta por el presunto delito de lavado de activos vinculado a los aportes de su campaña presidencial de 2016.

La decisión fue adoptada por la jueza Margarita Salcedo, quien declaró infundada la solicitud de la defensa legal del exmandatario. Según la resolución, los hechos investigados por la Fiscalía sí encajarían dentro del delito de lavado de activos contemplado en el Decreto Legislativo 1106.

La investigación se inició luego de que, en 2018, cinco personas registradas como aportantes del partido Peruanos por el Kambio aseguraran que nunca realizaron dichos aportes durante la campaña electoral de 2016.

La defensa de Kuczynski sostiene que no existen pruebas de actos de conversión, transferencia u ocultamiento de dinero ilícito y argumenta que tampoco se ha identificado un delito fuente que sustente la acusación fiscal.

Sin embargo, este caso es distinto al archivamiento dispuesto el pasado 15 de mayo por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien cerró otra investigación contra PPK relacionada con presuntos aportes de la constructora Odebrecht a la campaña presidencial de 2011.