Yancunta

Opacidad municipal:
60 DÍAS DE SILENCIO Y EXCUSAS EN SANTA MARÍA

La transparencia volvió a quedar en el discurso y no en los hechos. Han pasado más de 60 días desde que el regidor Frank Espinoza solicita información indispensable para cumplir su labor de fiscalización y, hasta hoy, los documentos siguen sin aparecer. En cualquier gestión seria, este retraso sería motivo de alarma inmediata; en Santa María, parece haberse convertido en rutina.

La respuesta del alcalde José Vásquez, lejos de tranquilizar, confirma el desgaste institucional. Declaró estar “cansado del tema” y pidió a su gerente municipal sancionar o despedir a los funcionarios que no entregan la información. El gerente, por su parte, también aseguró estar cansado de solicitar los documentos, justificando la demora en la supuesta carga procedimental de la municipalidad. Es decir, todos están cansados, menos la burocracia que sigue intacta.

El problema no es la fatiga de las autoridades, sino la ausencia de resultados. La ciudadanía ya ha escuchado antes advertencias del alcalde prometiendo que el funcionario que no trabaje “tiene que irse”. Sin embargo, la historia reciente demuestra que esas frases suelen quedarse en el aire, como tantas promesas que nunca se traducen en acciones concretas.

Basta recordar el caso de la compra sobrevalorada de plantas ornamentales. En su momento, el alcalde aseguró que no se efectuarían los pagos y que los responsables serían sancionados. El tiempo pasó y, como ocurre con demasiada frecuencia, no ocurrió absolutamente nada. Hoy ese antecedente pesa como una losa sobre cualquier nueva advertencia.

La pregunta inevitable surge sola: ¿qué contienen esos documentos que no se entregan? Cuando la información pública se retiene durante dos meses, la sospecha deja de ser especulación y empieza a convertirse en preocupación legítima. La transparencia no puede depender del humor o el cansancio de los funcionarios.

Ante este escenario, el regidor Frank Espinoza ha advertido que, de persistir la negativa, solicitará la suspensión del alcalde sobre la base del reglamento interno del concejo. La advertencia marca un punto de quiebre: o la información aparece, o la crisis política escalará inevitablemente.

Santa María no necesita más discursos de hartazgo ni amenazas sin ejecución. Necesita gestión, decisiones y, sobre todo, transparencia real. Porque cuando las promesas se repiten sin cumplirse, dejan de ser anuncios y se convierten en una burla pública.

Alcaldesa que no sabía:
EL CENTRO CÍVICO MILLONARIO QUE SE CONSTRUYÓ SIN QUE SU TITULAR SUPIERA CUÁNTO COSTABA

La escena judicial dejó una imagen difícil de olvidar: la exalcaldesa de Huarochirí por tres periodos, Rosa Vásquez Cuadrado, defendiendo que sí era la máxima autoridad municipal, pero que no sabía casi nada sobre la millonaria obra del Centro Cívico de Matucana. La estrategia de desmarque terminó convirtiéndose en una confesión incómoda: gobernar sin saber.

Durante el interrogatorio del procurador anticorrupción, la exautoridad intentó convencer al tribunal de que los reportes de ejecución presupuestal “los ven las áreas” y no el despacho del alcalde. En otras palabras, el despacho principal del municipio habría funcionado como una oficina de escucha social, pero no de control del dinero público. Un argumento que, lejos de disipar dudas, abrió nuevas interrogantes sobre la gestión del erario.

La confusión se volvió evidente cuando se abordó el presupuesto de la obra. Primero, la exalcaldesa no pudo precisar el monto inicial; luego habló de aproximadamente 2 millones 200 mil soles; después recordó que su gestión había desembolsado 1 millón 600 mil soles. La aritmética política parecía moverse con la memoria. Y cuando el procurador le preguntó por la diferencia, la respuesta fue una mezcla de cifras, porcentajes y “de repente no me he dejado entender”.

La contradicción alcanzó su punto crítico cuando admitió que conoció el monto desembolsado recién a partir de la investigación penal y no durante su gestión. Es decir, la titular del pliego presupuestal supo cuánto se pagó cuando el caso ya estaba bajo la lupa de la justicia. Una revelación que resume el problema: la información llegó después del poder.

Tampoco hubo claridad sobre los plazos de ejecución. La obra, que debía culminar en 300 días, seguía al 80 % en abril de 2014. La explicación giró en torno a lluvias andinas y transferencias progresivas del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, el procurador subrayó la contradicción central: si nadie le informaba del avance físico ni financiero, ¿cómo podía asegurar que esas eran las causas del retraso?

El interrogatorio cerró con una frase que resume el tono de la audiencia. La exalcaldesa admitió que delegaba la supervisión porque “así es el trabajo”. Una declaración que deja flotando la pregunta clave: si la máxima autoridad no supervisaba, no sabía los montos y no recibía reportes, ¿quién gobernaba realmente la obra millonaria del Centro Cívico? La respuesta, por ahora, sigue sin aparecer en el expediente.