OPINA Trujillo

l 🟢 E Aunque el crecimiento y el empleo siguen en agenda, la lucha contra la criminalidad se perfila como el principal filtro del electorado peruano.
De cara a las Elecciones 2026, el votante peruano ya no evalúa solo propuestas económicas. Así lo señaló Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas, al advertir que la inseguridad ciudadana se ha convertido en el criterio decisivo para elegir al próximo presidente. Si bien temas como crecimiento, reducción de la pobreza y formalidad estarán presentes en el debate, será la percepción de fortaleza y eficacia frente al crimen la que incline la balanza.
Carranza destacó una reconfiguración ideológica del electorado: según datos del IEP, el 42% se inclina hoy hacia la derecha, el 33% al centro y el 26% a la izquierda. Este cambio va acompañado de un comportamiento electoral marcado por el antivoto y un fuerte rechazo al Congreso. En ese contexto, el “votante mediano” combina preocupaciones económicas con una alta demanda de seguridad, lo que empuja las preferencias hacia opciones más duras en ese frente.
En el plano económico, el exministro observó señales positivas en indicadores adelantados como consumo, crédito e inversión, impulsados en parte por retiros de fondos de pensiones. También planteó que el BCRP debería acelerar la reducción de tasas de interés, apoyado en una inflación controlada y una balanza comercial sólida. No obstante, advirtió que el sector privado enfrenta una crisis reputacional que limita su capacidad de influir en la agenda, en un escenario electoral donde economía y seguridad se cruzan como ejes centrales.
Fuente: Gestión

| 🟢 El Memorando de Entendimiento permitirá 336 vuelos semanales y fomentará la conectividad interregional y el crecimiento del transporte aéreo.
Tras tres años de negociaciones, Perú y Chile firmaron un Memorando de Entendimiento que duplicará la frecuencia de vuelos entre Lima y Santiago, pasando de 84 a 168 vuelos semanales por país, con un total de 336 frecuencias disponibles. El acuerdo, suscrito por la Junta de Aeronáutica Civil de Chile y el MTC peruano, actualiza el marco regulatorio vigente desde 2011 ante la alta demanda en uno de los corredores aéreos más dinámicos de la región.
Además de incrementar vuelos entre las capitales, el MoU contempla la liberalización de los derechos de tercera y cuarta libertad hacia aeropuertos fuera de Lima y Santiago, condicionada a que el tráfico interregional se duplique respecto a 2025. También se acordó iniciar la negociación de un nuevo Acuerdo de Servicios Aéreos (ASA) con rondas técnicas semestrales en los próximos 90 días, con el objetivo de fortalecer la conectividad y descentralizar el transporte aéreo.
El sector aéreo valoró la medida como un avance hacia un mercado más abierto y competitivo. JetSmart, Latam y Sky Airline podrán ajustar su programación y ampliar itinerarios, aprovechando la nueva terminal del Aeropuerto Jorge Chávez y la infraestructura chilena. El ministro Aldo Prieto destacó que la mayor conectividad reducirá tarifas, dinamizará el turismo y comercio, y beneficiará directamente a los ciudadanos.
Fuente: El Comercio

🟢 Analistas y autoridades regionales advierten que el ingreso de recursos de economías ilegales a la política podría condicionar al próximo Congreso y debilitar la lucha contra el crimen organizado.
A dos meses de las elecciones de 2026, el origen del financiamiento político genera creciente preocupación en las regiones. De acuerdo con un análisis exploratorio de economías ilegales del Instituto de Criminología y datos de la ONPE, las economías ilegales que operan en el país mueven montos tan elevados que, tomando como referencia el costo promedio de una campaña presidencial en 2016 (US$11.7 millones), podrían financiar hasta 2,368 campañas presidenciales, además de 57,728 campañas congresales y 51,313 campañas para gobiernos regionales. Estas cifras ilustran la magnitud del riesgo que representa el ingreso de dinero ilícito a la política y su potencial para distorsionar la competencia electoral y condicionar futuras decisiones del Estado.
El analista político tacneño Frankie Kuong Delgado sostuvo que el problema no es solo la existencia de aportes irregulares, sino la dificultad para probar su origen ilícito. “Durante mucho tiempo, los aportes no eran considerados ilegales y hoy el reto es demostrar si provienen del narcotráfico, la minería ilegal o la corrupción. Por eso, es fundamental bancarizar los aportes y seguir la ruta del dinero”, explicó. A su juicio, la falta de controles efectivos permite que estas actividades financien partidos y candidatos con el objetivo de evitar la formalización y frenar sanciones más severas.
Desde Cusco, el regidor Eulogio Tapia advirtió que la penetración de economías ilegales en la política no es un fenómeno nuevo y que ya ha tenido consecuencias concretas. Sin aludir a partidos específicos, afirmó que existen agrupaciones “altamente permeadas” por estos intereses y con agendas contrarias al desarrollo del país. “Lo hemos visto con leyes que no sancionan la minería ilegal, que se disfraza de minería informal, con normas que favorecen a sectores informales e ilegales”, señaló.
En esa línea, el economista ayacuchano Raúl Vegas alertó que las economías ilegales movilizan alrededor de S/15 mil millones y buscan representación directa en el Congreso para influir en la legislación. Estas actividades “siempre han tenido interés de ingresar en la política. […] Estamos ante una de las elecciones más importantes de los últimos años”, afirmó, al advertir que el riesgo no es solo electoral, sino institucional. Las voces regionales coinciden en que, sin filtros estrictos y sanciones efectivas, el financiamiento informal seguirá distorsionando las elecciones y condicionando la forma en que se gobierna, lo que debilitaría la democracia y la lucha contra el crimen organizado desde el Estado.
Fuente: Cusco Informativa, Ayacucho te informa y Enlace Informativo Tacna